Septiembre 24, 2010

Es para mí motivo de gran satisfacción participar una vez más con ustedes en esta importante iniciativa que compartimos la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de las Mujeres, organismos internacionales como el Fondo de Población de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil como el Centro Latinoamericano Salud y Mujer, para promover la instauración del Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, y hacer visible esta problemática, de manera clara y permanente, en nuestra sociedad.

La inversión social en las etapas formativas de las personas, especialmente durante la niñez, la adolescencia y la juventud temprana, tiene un sentido estratégico para el gobierno mexicano porque permite construir las condiciones de inclusión y movilidad social necesarios para romper con la historia de desigualdad y pobreza.

En las próximas tres décadas los jóvenes de hoy conformarán el grueso de la población laboral de nuestro país. El mejor aprovechamiento de este recurso dependerá, en parte, de las oportunidades que las instituciones les ofrezcan, así como del tiempo que los jóvenes dediquen a la adquisición de conocimientos y a su formación.

Esta etapa de la vida es también fundamental para reforzar estereotipos de género y conductas que conducen a riesgos para la salud, incluso en etapas posteriores. Al mismo tiempo los jóvenes representan una gran oportunidad para transformar los determinantes que les garanticen las mejores condiciones de salud y los conviertan en agentes activos de la sociedad con la capacidad de encauzar los cambios que sean necesarios.

En foros diversos, aquí mismo, hemos señalado la relevancia del impacto del embarazo a edades tempranas en la salud y sus repercusiones en las condiciones de vida de los jóvenes, pues se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad materna e infantil y puede conducir a menores oportunidades de desarrollo integral para las madres adolescentes y sus hijos.

Algunos datos que destacan y reiteran por su importancia son:

El inicio de las relaciones sexuales ha ido constituyéndose en una decisión más temprana. Según encuestas nacionales, pasó de 17.2 años en 1995 a 15.9 años en 2006 (CONAPO, 2006)
La cobertura de uso de métodos anticonceptivos en mujeres unidas de 15 a 19 años es de sólo 39.4% , mientras la nacional es de 70.9%

La demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos es la más alta de todos los grupos de edad, 36% en 2006, y es tres veces mayor al de las mujeres de 15 a 49 años de edad (ENADID, 2006).
Las jóvenes tienen un alto nivel del conocimiento sobre métodos anticonceptivos: 95.2%. No obstante, nueve de cada diez mujeres adolescentes tuvieron su primera relación sexual sin protección, a pesar de que 66% no tenía intención de embarazarse (ENSAR 2003).
La proporción de nacimientos por mujeres menores de 20 años se ha mantenido sin grandes cambios a nivel sectorial desde 1990; entre 17.4% a 18% y en la población sin seguridad social en 25%.
La razón de mortalidad materna (RMM) en 2008 en mujeres adolescentes fue de 50.3 por 100,000 nacidos vivos, con un 25% de mayor riesgo de fallecer que las mujeres de 20 a 24 años ( DGIS, 2009)

El día de hoy, en el marco de los retos que impone la crisis económica mundial que estamos viviendo, quiero enfocarme en señalar algunos datos que refuerzan la relación entre embarazo adolescente y pobreza.

En México, las tendencias históricas muestran que las tasas de fecundidad han disminuido gradualmente en las últimas décadas, para pasar de una tasa específica de embarazo de 120 nacimientos por mil mujeres de 15 a 19 años de edad, a 64 en el 2006.

Sin embargo, a pesar del descenso, sigue siendo alto el porcentaje de los nacimientos de madres adolescentes: cerca del 17% del total de nacimientos corresponden a hijos de madres adolescentes, cifra que se ha mantenido sin cambios desde la década de los noventa, y en algunas poblaciones, como la que atiende la Secretaría de Salud en algunas entidades federativas, uno de cada cuatro nacimientos atendidos corresponde a madres adolescentes.

Investigaciones recientes muestran que el embarazo en adolescentes no ocurre homogéneamente en nuestra sociedad. La incidencia de embarazo adolescente es mayor en el medio rural que en el urbano y en los estratos socioeconómicos más desfavorecidos. Mientras que en los estratos socioeconómicos altos la tasa de embarazos en mujeres de 15 a 19 años de edad para 2006 fue de 15 por mil mujeres, en el estrato bajo fue de 73 por mil, y en el estrato socioeconómico muy bajo alcanzó 97 por mil mujeres de 15 a 19 años de edad, es decir, seis veces mayor.

Se observa una relación inversa entre el nivel de escolaridad y la incidencia de embarazo en la adolescencia: cuando las adolescentes han alcanzado a estudiar, al menos un año de preparatoria, la tasa de nacimientos adolescentes es de 28 por mil mujeres de 15 a 19 años de edad. Pero, la tasa se triplica en las que tuvieron algún año de secundaria; 96 por mil mujeres; y se eleva cinco veces cuando las adolescentes tienen primaria incompleta o ningún año de escolaridad; 156 por cada mil.

Así también hay diferencias en la población rural e indígena, ya que las adolescentes de zonas rurales tienen una tasa de embarazo de 87 por cada mil mujeres de 15 a 19 años de edad; comparadas con 64 por cada mil en las adolescentes urbanas; y en las mujeres indígenas se observa una tasa de 106 por mil, mientras que en la población no indígena es de 67 por cada mil mujeres de 15 a 19 años de edad.

Existe una percepción equivocada de que las adolescentes urbanas solteras son las que se inician sexualmente a edades tempranas y se embarazan. Recientes investigaciones señalan que las adolescentes unidas, de baja escolaridad, que pertenecen a los estratos socioeconómicos bajos y muy bajos, que residen en el sur del país y en zonas rurales o indígenas son las que presentan un mayor nivel de embarazo. Entonces, es evidente que el embarazo adolescente en México se da en los hogares más pobres y en aquellas jóvenes que tienen pocas alternativas de desarrollo personal y, por tanto, menor oportunidad de escapar de la pobreza.

Por lo anterior, a los Objetivos del Milenio, establecidos en el año 2000 con el claro propósito de combatir la pobreza y el hambre, se han adicionado recientemente nuevos indicadores que incluyen la disminución de la fecundidad en adolescentes como un aspecto central para lograr mejorar la salud materna y, por consiguiente, el desarrollo social y económico de los países.

Mejorar la salud de los adolescentes es una tarea compleja y difícil. Comparados con los niños, las y los adolescentes están menos protegidos por sus familias y comunidades. Y, también están menos favorecidos, ya que a sus problemas de salud, y sobre todo en lo que respecta al área de salud sexual y reproductiva, les dirigen y aplican soluciones que han sido diseñadas para niños o para adultos.

Por ello, con base en el reconocimiento de estas necesidades específicas la Secretaría de Salud elaboró el Programa de Acción de Salud Sexual y Reproductiva 2007-2012, para atender a la población adolescente en esta materia.

Aunado a lo anterior, y en el marco de la Conferencia Internacional de SIDA que se realizó en agosto de 2008 en la ciudad de México, se promovió la Primera Reunión de Ministros de Salud y Educación para Detener el VIH e ITS en Latinoamérica y el Caribe, que tuvo como resultado la suscripción de la Declaración Ministerial Prevenir con Educación.
México ha sido reconocido a nivel mundial por esta iniciativa, la cual establece las siguientes metas para los países firmantes, a cumplirse en 2015:
a.Reducir en 75% la brecha en el número de escuelas que actualmente no han institucionalizado la educación integral en sexualidad, para los centros educativos bajo la jurisdicción de los Ministerios de Educación;

b.Reducir en 50% la brecha en adolescentes y jóvenes que actualmente carecen de cobertura de servicios de salud para atender apropiadamente sus necesidades de salud sexual y reproductiva.

En nuestro país la política pública de atención a la salud de la adolescencia está sustentada en tres principios, de acuerdo con las tendencias internacionales:
1.Concepción de la salud pública, que concentra la atención en los problemas de salud de la adolescencia, en particular de los más pobres; y aplica un modelo de desarrollo que posibilite intervenciones sistemáticas
2.Perspectiva de línea de vida y reconocimiento de la continuidad entre la etapa intrauterina, la niñez, la adolescencia, la juventud y la edad adulta
3.Visión positiva de los adolescentes, abandonando la percepción de éstos como objetos de caridad, benevolencia o como la fuente de innumerables problemas, a fin de reconocerlos como sujetos de derechos con un enorme potencial para la transformación de las sociedades.

Es evidente que la tarea no es fácil, y se requieren superar las barreras sociales y culturales que colocan a los jóvenes en riesgo de embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual y que contribuyan a que adopten una conducta sexual y reproductiva saludable. También se requiere mejorar los procesos para tener acceso a la atención institucional, mayor conocimiento de los fundamentos legales, organización e infraestructura adecuada para proporcionar los servicios de calidad y calidez en los centros de salud.

La Secretaría de Salud está comprometida en esta tarea. Sin duda, todavía hay varios retos que enfrentar en los diferentes niveles de gobierno. Pero, con alianzas como las que se han establecido en el marco de este evento y con la participación activa de las y los jóvenes, de otras instancias gubernamentales y agencias de la Organización de las Naciones Unidas como las aquí presentes; y de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas expertas en la materia, cada vez estaremos más cerca de lograrlo y con ello de Vivir Mejor.